La erradicación del amianto es un tema prioritario en la agenda de la Unión Europea, donde se ha fijado el objetivo de eliminar su presencia para el año 2032. Esta meta responde a la necesidad de proteger la salud pública frente a los riesgos asociados con la exposición al amianto, un material cancerígeno ampliamente utilizado en la construcción durante el siglo XX. La UE insta a los Estados miembros a desarrollar planes de acción y hojas de ruta específicas a nivel local, regional y nacional para asegurar la retirada completa de este peligroso material.
En España, la Ley 7/2022 de residuos y suelos contaminados ha establecido un marco legal para la identificación y retirada del amianto. Esta ley obliga a los ayuntamientos a realizar un censo de instalaciones con amianto y a elaborar un calendario para su retirada, priorizando aquellas zonas con mayor riesgo para la población vulnerable. La normativa también contempla la supervisión por parte de las autoridades competentes para garantizar la correcta eliminación de los residuos de amianto, buscando minimizar los riesgos para la salud pública y el medio ambiente.
La problemática técnica de la retirada del amianto incluye desafíos significativos, como la necesidad de innovaciones en la identificación y eliminación segura del material, especialmente en suelos contaminados y materiales difíciles de acceder. A pesar de los avances tecnológicos en métodos de detección, como la microscopía electrónica, y el desarrollo de nuevas técnicas de encapsulamiento y humectación, persisten retos en la gestión adecuada de los residuos, que requieren una planificación detallada y una capacidad suficiente de los vertederos para absorber los residuos generados.
La erradicación efectiva del amianto en la UE dependerá de la coordinación y la planificación estratégica a nivel local y nacional, el desarrollo de nuevas tecnologías, y el fortalecimiento de las normativas de seguridad. La creación de mesas del amianto en las comunidades autónomas es esencial para garantizar la colaboración entre autoridades, empresas y ciudadanía, y para superar los desafíos logísticos y financieros que supone esta tarea monumental. La experiencia en otros países europeos ofrece lecciones valiosas que pueden ayudar a España a avanzar hacia un futuro libre de amianto, garantizando la salud y seguridad de sus ciudadanos.